El 2026 ha sido un año intenso que los colombianos no olvidaremos rápidamente. Con la llegada de un nuevo gobierno, el país entra en una etapa que estará marcada por importantes desafíos y por las consecuencias de una elección presidencial especialmente reñida.
Las elecciones presidenciales terminaron el 21 de junio de 2026, cuando millones de ciudadanos acudieron nuevamente a las urnas para elegir entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.
La segunda vuelta cerró una campaña intensa, marcada por profundas diferencias sobre el rumbo del país y por un debate político cada vez más intenso. La diferencia entre los dos candidatos fue de poco más de 250.000 votos: De la Espriella obtuvo 12.960.166 votos frente a los 12.708.312 de Cepeda.
Abelardo de la Espriella fue elegido presidente, pero la elección dejó una imagen difícil de ignorar. Colombia tiene un nuevo presidente, pero continúa siendo un país dividido.
Esa división no se encuentra solamente en el Congreso o en los discursos políticos. También aparece en las conversaciones familiares, en las redes sociales y en la manera en que muchos ciudadanos miran a quienes votaron diferente.
Ahora comienza una etapa distinta. Las urnas ya hablaron. El desafío es saber qué hará el país con las diferencias que quedaron después de ellas.
Una elección que mostró las fracturas del país
Las elecciones también funcionan como un espejo. Más allá de quién gana o pierde, muestran las preocupaciones, los desacuerdos y las tensiones que atraviesan una sociedad.
En Colombia, la campaña presidencial de 2026 dejó una imagen marcada por esas diferencias. El país llegó a las urnas después de años de debates sobre seguridad, paz, desigualdad, economía y el papel del Estado. En esta oportunidad muchas de esas discusiones adquirieron un tono especialmente confrontativo.
Hay elecciones que terminan cuando se cuentan los votos. Otras dejan preguntas que permanecen mucho después de cerrar las urnas.
En Colombia, la campaña presidencial de 2026 dejó una de ellas: ¿qué tan lejos estamos unos de otros?
Quisiera dejar en claro que la polarización no nació con esta elección.
Sin embargo, durante la campaña fue posible verla no solo en los discursos políticos, sino también en la manera en que los ciudadanos hablaban, discutían y reaccionaban frente a quienes pensaban diferente.
Las posiciones políticas dejaron de ser únicamente desacuerdos sobre programas de gobierno. En muchos casos, el adversario comenzó a ser presentado como una amenaza para el país.
Y cuando esa confrontación deja de estar limitada a la política y empieza a entrar en nuestras conversaciones, cambia también la manera en que vivimos las diferencias.
Cuando la polarización llega a la vida cotidiana
La Misión de Observación Electoral (MOE), una plataforma independiente de organizaciones sociales y de la sociedad civil, monitoreó la conversación política durante el proceso electoral. En uno de sus informes, encontró que el 94,4 % de las publicaciones priorizadas para análisis contenía insultos, polarización, ridiculización o humillación.
El dato ayuda a entender hasta dónde llegó la confrontación. Las redes sociales amplificaron una discusión que también podía surgir en las familias, los grupos de amigos, los espacios de trabajo y las conversaciones cotidianas.
Cuando la política empieza a ocupar esos espacios, la división deja de ser algo que vemos en las noticias y pasa a formar parte de la manera en que nos relacionamos.
Ese quizá sea uno de los desafíos que deja esta elección. Colombia no necesita dejar de tener diferencias. Necesita encontrar la manera de convivir con ellas sin convertir cada desacuerdo en una ruptura.
Cuando el desacuerdo se convierte en confrontación
Pensar diferente no debería ser un problema. Al contrario, una democracia necesita ciudadanos que puedan defender ideas distintas, cuestionar decisiones y proponer otros caminos.
La dificultad comienza cuando dejamos de discutir ideas y empezamos a juzgar a las personas detrás de ellas.
En una democracia es normal que existan posiciones diferentes. De hecho, esa diversidad forma parte de su funcionamiento. El problema surge cuando la diferencia política deja de entenderse como diferencia y pasa a interpretarse como amenaza.
Diversos estudios utilizan el concepto de polarización afectiva para describir esta dinámica. No se trata solamente de que las personas tengan ideas políticas distintas, sino de que desarrollen sentimientos cada vez más negativos hacia quienes apoyan al otro lado.
En ese escenario, el contradictor deja de ser alguien con una opinión diferente y pasa a ser alguien que debe ser rechazado.
Esta dinámica dificulta la construcción de acuerdos. También puede hacer que cualquier decisión del Gobierno sea interpretada inmediatamente desde el lugar político desde el que se observa. Una misma medida puede ser entendida como una solución por unos y como una amenaza por otros.
El nuevo gobierno de Colombia comienza precisamente en ese terreno.
Y quizá uno de los grandes retos de estos próximos años sea recuperar algo que parece sencillo, pero que en tiempos de tanta confrontación puede resultar difícil: poder decir “no estoy de acuerdo contigo” sin que eso signifique “estoy en tu contra”.
Las redes sociales cambiaron la conversación
Créanlo o no, buena parte de la campaña no ocurrió en plazas públicas ni en debates televisivos. Ocurrió en nuestros teléfonos.
Durante las elecciones, las redes sociales se convirtieron en uno de los principales espacios para informarse, persuadir, debatir y también confrontar. Allí circularon propuestas y argumentos, pero también insultos, contenidos falsos y material manipulado.
La MOE y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo analizaron la conversación digital durante la segunda vuelta y encontraron niveles muy altos de hostilidad. En su monitoreo aparecieron insultos, mensajes polarizantes y expresiones degradantes.
Pero, por más que todo estaba siempre online, que había acceso a todo tipo de información de manera inmediata, la desinformación también formó parte de la campaña.
La Registraduría tuvo que hacer llamados públicos para evitar la difusión de información falsa relacionada con el proceso electoral. El fenómeno muestra uno de los nuevos desafíos de las elecciones: ya no basta con garantizar que las personas puedan votar. También es necesario que puedan acceder a información confiable antes de hacerlo.
La tecnología ha hecho más fácil producir y compartir información. También ha hecho más difícil distinguir rápidamente entre una noticia, una interpretación, una manipulación o una falsedad.
Y ahí aparece una responsabilidad que ya no pertenece solamente a periodistas, políticos o instituciones. También nos toca a nosotros. Antes de compartir una publicación, crear un video o reenviar un mensaje, detenernos unos segundos puede parecer poco. En una conversación pública tan polarizada, puede hacer una diferencia enorme.
Porque lo que ocurre en las redes no se queda necesariamente en la pantalla. Lo que compartimos también construye el ambiente en el que los demás vivimos.
Los primeros pasos del nuevo gobierno de Colombia
Abelardo de la Espriella asumió la presidencia el 7 de agosto. Dos semanas después, presentó un primer balance de las decisiones tomadas durante sus primeros días.
El 22 de agosto, el Gobierno destacó medidas relacionadas con comercio exterior, cámaras de comercio, ProColombia y administración de los recursos públicos. El propio presidente resumió ese comienzo con una frase: “Llegué al Gobierno diciendo y haciendo”.
Una de las decisiones más visibles fue autorizar nuevamente las exportaciones de carbón colombiano a Israel. La medida revierte la restricción adoptada durante el gobierno de Gustavo Petro en 2024.
También sostuvo que las restricciones anteriores habían afectado la economía, la seguridad jurídica y la confianza internacional.
La medida, sobre las exportaciones de petroleras, tiene una dimensión económica concreta.
Según las cifras citadas por el sector carbonero, la suspensión había reducido las exportaciones colombianas hacia ese mercado. Recuperarlo no será necesariamente inmediato. Durante el periodo de suspensión, Israel encontró otros proveedores.
La decisión muestra cómo una misma medida puede abrir conversaciones diferentes.
Para el Gobierno representa la recuperación de una relación comercial. La conversión para el sector carbonero supone la posibilidad de recuperar un mercado. Para quienes cuestionan estas exportaciones, plantea otro debate sobre la política exterior colombiana y el conflicto en Oriente Medio.
Una decisión de gobierno puede, al mismo tiempo, afectar la economía, las relaciones internacionales y las discusiones que una sociedad mantiene sobre sus propias prioridades.
Una nueva relación con el sector productivo
El cambio de rumbo también llegó a las cámaras de comercio.
El Gobierno anunció el retiro de los delegados nombrados durante la administración anterior en las juntas directivas de estas entidades y su reemplazo por nuevos representantes. De la Espriella explicó que las designaciones buscaban garantizar transparencia, rigor y una relación institucional con el sector productivo.
El movimiento muestra que el cambio de administración no pasa solamente por crear nuevas políticas. También implica modificar la manera en que el Estado se relaciona con instituciones empresariales.
Para el Ejecutivo, los cambios forman parte de una reorganización institucional. Al mismo tiempo, las nuevas designaciones pueden generar preguntas sobre los criterios utilizados y sobre el alcance de la relación entre el Gobierno y organismos vinculados al sector privado.
Son discusiones que seguramente continuarán a medida que avance la administración y que definirán parte de la relación entre el nuevo gobierno de Colombia y el sector productivo.
ProColombia también cambia de rumbo
Otra de las primeras transformaciones anunciadas tiene que ver con ProColombia, entidad encargada de promover las exportaciones, atraer inversión extranjera y apoyar la llegada de turistas internacionales.
El Gobierno puso en marcha un plan de choque para reducir trámites, eliminar duplicidades y buscar un uso más eficiente de los recursos públicos. También anunció la integración de las oficinas internacionales de ProColombia con la red de embajadas y consulados colombianos.
Según explicó el Ejecutivo, la intención es que los diplomáticos tengan un papel más activo en la promoción comercial del país y en la búsqueda de nuevos mercados e inversiones.
El presidente habló incluso de convertirlos en “embajadores vendedores” de Colombia.
La idea es aprovechar estructuras que ya existen para reducir costos y concentrar esfuerzos. Pero una reorganización también necesita demostrar qué resultados produce.
Reducir oficinas o integrar estructuras puede generar ahorros. También plantea el desafío de mantener la capacidad de Colombia para promover sus productos, atraer inversiones y abrir mercados en el exterior.
Ahí estará buena parte de la discusión: no solamente cuánto se ahorra, sino qué se consigue con esos recursos.
La promesa de gastar menos
El nuevo gobierno llegó a tomar el control de un país seriamente afectado tanto en lo social como en la economía.
Por esto mismo, el control del gasto público aparece como otro de los ejes del nuevo gobierno de Colombia.
De la Espriella ha insistido en tres líneas: reducir el gasto considerado innecesario, combatir la corrupción y mantener disciplina fiscal.
En su balance de los primeros 15 días, resumió esa posición como “cero despilfarro, lucha frontal contra la corrupción y absoluta disciplina fiscal”.
La promesa llega en un momento en que las finanzas públicas representan uno de los principales desafíos económicos del país.
Aquí aparece una cuestión que suele ser más difícil que la propia promesa de ahorrar: decidir dónde hacerlo.
Reducir gastos puede contribuir a aliviar las cuentas públicas.
Pero el Estado también tiene responsabilidades que requieren recursos, desde seguridad e infraestructura hasta educación, salud, inversión social y atención de emergencias.
La discusión, entonces, no será solamente cuánto quiere gastar el Gobierno.
También será donde decida gastar.
Las cuentas del Estado también están sobre la mesa
Hay una conversación que puede parecer reservada para economistas y ministros, pero que termina llegando a todos los hogares: cuánto dinero tiene el Estado y en qué decide utilizarlo.
El Gobierno solicitó al Fondo Monetario Internacional que iniciara una Consulta del Artículo IV. Se trata de una evaluación independiente de la situación económica del país y de los planes macroeconómicos del Ejecutivo.
La solicitud se produjo después de una visita a Colombia de Nigel Clarke, director gerente adjunto del FMI. Durante las reuniones se analizaron las perspectivas de crecimiento, las iniciativas económicas y la estabilización de las finanzas públicas.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, afirmó que el Gobierno recibió una situación fiscal “muy grave”. Según las cifras presentadas por Hacienda, el Estado gasta cerca de 40 billones de pesos mensuales y recibe alrededor de 29 billones.
Es importante señalar que se trata del diagnóstico presentado por la actual administración.
La Consulta del Artículo IV permitirá revisar el plan fiscal y analizar también crecimiento, empleo, inflación, sistema financiero y riesgos económicos.
Detrás de estas cifras hay una realidad mucho más sencilla. El dinero público no es infinito y las necesidades sí pueden serlo.
Cada peso recaudado tiene que distribuirse entre distintas prioridades. Cada decisión sobre el gasto termina teniendo consecuencias en algún lugar.
Detrás de cada billón hay decisiones. Y detrás de esas decisiones hay personas.
Cuando la política se convierte en empleo
Hay cifras que parecen lejanas hasta que nos toca vivirlas. El desempleo es una de ellas.
Después de varios meses de mejora, el mercado laboral colombiano cambió de tendencia en agosto. La tasa de desocupación llegó al 9,4 %, frente al 8,6 % registrado en agosto de 2025. En total, 23.685 millones de personas estaban ocupadas, 126.000 menos que un año atrás.
La cifra puede parecer pequeña cuando se observa desde una estadística nacional. Pero detrás de esos 126.000 puestos hay personas que dejaron de recibir un salario, familias que tuvieron que reorganizar sus gastos y negocios que redujeron su actividad.
El comportamiento tampoco fue igual en todas las ciudades.
En Cali, la tasa de desempleo llegó al 9,2 % entre junio y agosto, frente al 7,8 % registrado durante el mismo periodo de 2025. La ciudad tenía 1,13 millones de personas ocupadas y 114.000 desempleadas, unas 19.000 más que un año atrás.
La industria caleña también perdió empleo. En ese periodo pasó de unos 183.000 puestos en 2025 a 172.000 en 2026.
El terremoto ocurrido en agosto afectó especialmente a Cali y podría haber influido en algunos indicadores de actividad económica y empleo. Será necesario observar los próximos meses para saber cuánto corresponde a un efecto temporal y cuánto refleja una tendencia más amplia.
Para el nuevo gobierno de Colombia, la evolución del empleo será otro de los indicadores que permitirán observar cómo las decisiones económicas se traducen en la vida cotidiana.
El empleo no es solamente una cifra mensual. También es poder pagar el arriendo, comprar alimentos y mirar el mes siguiente con un poco más de tranquilidad.
La economía también entra en una etapa difícil
Como es evidente, la economía del país es central al hablar de política.
No es secreto que, durante el gobierno de Petro, el país fue testigo de una tensión constante entre el Ejecutivo y otras instituciones clave, como el Banco de la República.
La gestión económica estuvo marcada por la incertidumbre en el manejo de las finanzas públicas.
Aunque la inflación y el desempleo mejoraron, el crecimiento económico se desplomó.
La caída del PIB fue consecuencia del estancamiento de sectores estratégicos, como la construcción, que redujo su participación del 7% a menos del 5% en el PIB. Asimismo, las exportaciones anuales retrocedieron de USD 57.000 millones a USD 50.000 millones, y la Inversión Extranjera Directa (IED) cayó de USD 17.000 millones (2022) a USD 11.000 millones.
Entonces, aunque la política ocupa buena parte de la conversación pública. Sin embargo, existe otra preocupación que se siente todos los días: cuánto cuesta vivir. Y, esa pregunta debe ser central para el nuevo gobierno de Colombia.
En agosto de 2026, la inflación anual llegó al 6,24 %, mientras la meta del Banco de la República es del 3 %. El nivel general de precios continuó aumentando a un ritmo superior al objetivo del banco central.
Al mismo tiempo, la economía continúa creciendo. El PIB aumentó 3,5 % interanual durante el segundo trimestre de 2026, según el DANE.
Las dos cosas pueden ocurrir simultáneamente.
La economía puede crecer mientras los precios continúan aumentando. Para una familia, esa diferencia se entiende mejor frente a una factura del supermercado que frente a una gráfica económica.
El Gobierno tendrá además que manejar la presión sobre las finanzas públicas y decidir cómo financiar sus prioridades.
Por eso, las promesas de austeridad y disciplina fiscal tendrán que convivir con las necesidades de un país que todavía reclama inversión, empleo y oportunidades.
La salud frente a los desafíos del nuevo gobierno de Colombia
Hay problemas que no pueden esperar a que terminen las grandes discusiones legislativas. La salud es uno de ellos.
En septiembre, el Gobierno puso en marcha un Plan de Choque para atender a 1.069.196 usuarios con medicamentos o procedimientos pendientes. La estrategia tendrá seguimiento entre septiembre y diciembre de 2026 y cubrirá todos los departamentos del país.
La primera fase contempla más de 700.000 personas esperando medicamentos y más de 300.000 con procedimientos pendientes. El sistema permitirá seguir cada caso desde la identificación del problema hasta verificar que el medicamento fue entregado o el procedimiento realizado.
El Gobierno también anunció un mecanismo de compra de cartera para las IPS y proveedores. La medida contempla financiación a cero por ciento y un año de periodo de gracia para las EPS, con el objetivo de inyectar liquidez a la red de atención.
El seguimiento estará a cargo de una Mesa Técnica de Control integrada por el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y la ADRES.
Para quien espera un medicamento o un procedimiento, todas esas estructuras administrativas se reducen finalmente a una pregunta sencilla: ¿cuándo voy a recibir la atención que necesito?
Para el nuevo gobierno de Colombia, este será uno de los ámbitos en los que las decisiones administrativas tendrán que traducirse en resultados concretos para los ciudadanos.
Ahí es donde una política pública deja de ser un anuncio y se convierte en una experiencia concreta.
Ahí es donde una política pública deja de ser un anuncio y se convierte en una experiencia concreta.
Seguridad: el problema que sigue esperando respuestas
Mientras el nuevo Ejecutivo reorganiza algunas áreas del Estado, uno de los problemas más difíciles permanece: la seguridad. Con la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia, Colombia también entra en una nueva etapa frente a la política de seguridad y a los procesos de diálogo que dejó el Gobierno de Gustavo Petro.
Para entender este cambio de rumbo, primero hay que recordar qué fue la llamada “paz total”. Durante el Gobierno de Petro, esta estrategia se convirtió en una política de Estado y buscó avanzar hacia la paz mediante diferentes mecanismos, entre ellos negociaciones con grupos armados, procesos de sometimiento a la justicia y una mayor participación de las comunidades afectadas por la violencia.
La llegada del nuevo gobierno marca una diferencia en ese enfoque. El Gobierno de De la Espriella ha cuestionado los resultados de algunos de esos procesos y ha decidido poner mayor énfasis en la acción de la Fuerza Pública y en la recuperación del control territorial.
El 30 de agosto anunció el fin de tres procesos de diálogo con estructuras armadas, argumentando que no existía una voluntad de paz verificable. La decisión muestra uno de los primeros cambios frente a la política de seguridad heredada de la administración anterior.
Al mismo tiempo, el Gobierno ha destacado las operaciones de la Fuerza Pública. Durante sus primeros 15 días, reportó más de 12 toneladas de cocaína incautadas y 1.574 capturas relacionadas con operaciones contra estructuras del narcotráfico.
Estos son datos reportados por el propio Gobierno y corresponden a resultados operacionales. Su significado más amplio tendrá que evaluarse con el tiempo y junto con otros indicadores de seguridad.
Pero la seguridad no es solamente una cuestión militar.
En diferentes regiones del país, la presencia de grupos armados afecta la movilidad, la actividad económica, la educación y la vida cotidiana. Para una comunidad rural, hablar de seguridad puede significar algo tan concreto como poder desplazarse entre dos municipios o enviar a los niños a la escuela sin restricciones.
El reto para el nuevo gobierno de Colombia será conseguir que este cambio de estrategia tenga efectos concretos en los territorios. Porque la seguridad no se mide únicamente en capturas o incautaciones. También se mide en la posibilidad de vivir, trabajar, estudiar y moverse sin miedo
Gobernar también significa escuchar
Sin duda, uno de los primeros retos del nuevo gobierno de Colombia será convertir el resultado electoral en capacidad de gobierno.
Eso implica trabajar con un Congreso fragmentado, negociar con diferentes sectores políticos y construir acuerdos alrededor de proyectos que afectan a toda la población.
También significa recuperar la confianza. Tarea enorme.
La desconfianza hacia las instituciones no pertenece exclusivamente a un sector político. Durante la campaña, diferentes actores cuestionaron a instituciones, medios de comunicación y autoridades electorales.
La MOE documentó además la circulación de desinformación y llamó a verificar los contenidos compartidos durante el proceso electoral.
La democracia necesita elecciones. Pero necesita algo más.
La democracia necesita ciudadanos que puedan confiar en que los resultados serán procesados institucionalmente. Necesita medios capaces de informar con rigor. También necesita políticos que puedan defender sus posiciones sin deshumanizar al adversario. Y necesita ciudadanos capaces de verificar antes de compartir.
Ninguna de estas tareas pertenece exclusivamente al Gobierno. Gobernar también significa escuchar, reconocer las diferencias y encontrar espacios para construir acuerdos.
Ganar una elección permite llegar al poder. Pero gobernar un país significa conseguir que quienes votaron por ti y quienes no lo hicieron puedan seguir sintiendo que también forman parte de él.
¿Se puede vivir con las diferencias?
Quizás esta sea una de las preguntas más importantes que quedan después de las elecciones.
Una sociedad democrática no necesita estar de acuerdo en todo. Colombia no necesita dejar de discutir sobre seguridad, paz, impuestos, educación, salud o economía.
Lo que necesita es encontrar formas de discutir sin que cada diferencia termine convirtiéndose en una batalla.
Las instituciones tienen un papel fundamental. También lo tienen las universidades, los medios de comunicación, las organizaciones sociales y las plataformas digitales.
Pero existe otro espacio mucho más pequeño y cotidiano en el que también se juega esta discusión: nuestras propias conversaciones.
La verdad es que la manera en que hablamos con quien piensa diferente importa. Importa mucho porque ser capaces de tolerar esas diferencias es lo que nos permitirá evolucionar hacia una sociedad más tranquila, una sociedad que quiere el cambio y que está preparada para ello.
Una democracia necesita que las diferencias puedan expresarse, contrastarse y, cuando sea posible, encontrar puntos de encuentro.
El debate político colombiano no va a desaparecer. Tampoco deberían desaparecer las diferencias.
Lo que queda por decidir es qué se hace con ellas y cómo el nuevo gobierno de Colombia afrontará un escenario en el que no todos piensan de la misma manera.
Después de las elecciones comienza otra etapa
Las elecciones terminaron, pero los problemas que llevaron a los colombianos a las urnas siguen ahí.
La seguridad continúa siendo una preocupación. La economía necesita respuestas. El empleo muestra señales que será necesario seguir observando. La salud enfrenta miles de atenciones pendientes. Las finanzas públicas requieren decisiones.
Y los colombianos, tanto los que vivimos en el exterior como los que están en el país en este momento, necesitamos volver a encontrar espacios para conversar.
Los primeros pasos del nuevo gobierno de Colombia muestran ya un cambio de orientación: nuevas relaciones comerciales, modificaciones en la representación estatal ante las cámaras de comercio, una reorganización de ProColombia, una política de austeridad y nuevas decisiones en seguridad y salud.
Pero unas pocas semanas no son suficientes para saber qué resultados producirán esas decisiones. El nuevo gobierno de Colombia tendrá por delante cuatro años para demostrar cómo esas primeras medidas se traducen en decisiones y resultados concretos.
Eso será parte de la historia que Colombia tendrá que contar durante los próximos cuatro años. Por ahora, hay algo que sí parece claro. Las urnas ya hablaron. Ahora empieza la parte más difícil: aprender a escucharse.
