El abuso policial en Colombia es un tema continuo, latente, que se siente en el ambiente, mientras desayunamos, caminamos, hablamos y lo sentimos en nuestras venas. Lastimosamente, esta es una realidad que no es nueva…. es una realidad que nos está tocando la fibra, nos rompe los huesos y quiebra el alma.
Muchos se enteraron con el caso de Ordoñez
Aunque no es una situación nueva, muchas personas se dieron por enteradas con el caso de Javier Ordoñez. Y, esto es lo que ocurrió: Javier Ordóñez murió luego de ser sometido y golpeado por la policía en Colombia.
Pero, ¿cómo es que sabemos que estos hechos ocurrieron? Pues existe un un video de 2 minutos y 18 segundos en el que se ve claramente cómo dos policías mantienen sometido a Ordóñez y le aplican varias descargas eléctricas mientras el detenido pide ser liberado en el suelo.
Se ven golpes, lo presionan contra el piso. En el video se escuchan los gritos de Ordóñez, pidiéndoles a los agentes que por favor pararan la agresión, mientras se escuchan alrededor de nueve descargas de las Taser.
Algún tiempo después, Ordoñez es trasladado a una unidad policial y, luego, a un centro hospitalario del occidente de la capital. Minutos después, muere.
Estas horribles imágenes circularon en redes sociales y en medios locales, movilizaron a miles de manifestantes para protestar en contra del abuso policial.
La indignación de miles de personas en el país se hizo sentir. Se convirtieron en actos de violencia en los que siete personas murieron por impacto de bala.
“Por favor, agente se lo ruego…. por favor”.- Javier Ordoñez –
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, condenó el abuso de los policías pero también el de los manifestantes.
Más allá de las protestas y la indignación de la ciudadanía ante la muerte de Ordóñez, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el fiscal Francisco Barbosa condenaron el hecho y anunciaron investigaciones y reformas.
El rechazo
Pero el caso de Ordóñez, que supuestamente estaba incumpliendo una de las restricciones de la cuarentena, es el resultado de una cultura policial y un sistema corrupto que premia los actos de abuso de la autoridad.
Precisamente para poder intentar entender un poco más sobre esto, decidimos hablar con distintas personas. Una de ellas es Tatiana Londoño, quien es abogada con Maestrías en Derecho Internacional de la Universidad de Georgetown y trabaja constantemente con temas de Derecho Internacional Público, Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Derecho Penal Internacional, entre otros. También pudimos establecer contacto con Alejandro Lanz de la organización Temblores.
Laura Viera Abadía: ¿Por qué se generó tanta indignación con el caso de Javier Ordóñez?
Tatiana Londoño: En el caso de Javier Ordóñez, es que la gente pudo presenciar el hecho desde su computador vio, me parece a mi, sin conocer las pruebas, un caso claro de abuso policial de abuso de la fuerza, tanto que le ocasionó la muerte al ciudadano por la ruptura de uno de sus riñones por un golpe recibido… que claramente es un abuso de la fuerza. El podría estar haciendo algo que no hubiera sido legal o que llevara a cabo su detención pero su detención no implica una golpiza similar a esa. Entonces, pues eso fue lo que generó la indignación.. que la gente pudo verlo en un video a través de su computador, y creo que eso fue lo que hizo ese caso tan diferente. Siempre se han presentado estos casos terribles de abuso policial, lo que pasa es que ahora los podemos ver.
Laura Viera Abadía: Suena terrible, pero creo que es importante que hablemos de estos hechos en cifras porque pareciera que así es la única manera en que la gente se impacta.
Alejandro Lanz, organización Temblores: Son 639 homicidios cometidos durante los últimos 3 años por miembros de la fuerza pública. son 40 mil 480 casos de violencia física, y 248 hechos de violencia sexual. Es algo que nos preocupa muchísimo porque dan cuenta de una sistematización muy fuerte al interior de la institucionalidad en contra de personas jóvenes, lgbt, campesinas y también a ciertos grupos sociales. No hay ni una sola persona condenada por los delitos todavía.
Laura Viera Abadía: ¿Qué tipo de problema tenemos los colombianos con la policía?
Alejandro Lanz, organización Temblores: Claramente como tu lo estas afirmando este no es un problema nuevo. Es un problema sistemático que viene desde tiempo atrás y es un problema que afecta de manera diferenciada a ciertos grupos de la sociedad.
Laura Viera Abadía: Hola Tatiana, cuéntame por favor ¿Cuál es el problema exactamente de abuso policial en nuestro país?
Tatiana Londoño: Yo creo que el tema del abuso policial siempre ha existido tanto en Colombia como en el mundo entero. Es gente que tiene el porte de las armas y tiene la posibilidad de usar la fuerza. antes no se conocían pero hoy en día cada persona tiene acceso desde su sala, desde su computador y claramente se escandalizan por lo que está pasando. Entonces, yo no creo que en Colombia se presente un abuso policial. Yo creo que la institución policial es muy respetada en líneas generales y tiene un estricto respeto a los Derechos Humanos, pero obviamente hay casos de gente que abusan de la fuerza, hay policías de policías y como en toda organización humana hay gente buena y gente mala.
Laura Viera Abadía: Entonces, ¿como ves esto tu?
Tatiana Londoño: Digamos que hay gente buena y gente mala. Hay gente que es respetuosa de las instituciones y de los Derechos Humanos y hay gente que no. La idea es poder encontrar a estas personas que no lo son y poderlas castigar debidamente, según lo que dispone la ley. Entonces el tema es que estos casos de abuso policial que se han presentado tanto en Colombia como en el resto del mundo, es mucho más fácil hacerlos evidentes, presentando una herramienta muy buena para que a través de la presión y el control ciudadano se puedan judicializar y se haga justicia en estos casos que antes pasaban de agache, no se conocian y en muchos casos había impunidad.
Hay 11 homicidios que se presentaron en el país, principalmente a personas jóvenes que fueron asesinadas por la policía. cinco de ellas fueron asesinadas como consecuencia de estas violando alguna medida sanitaria.
El rechazo por parte de la ciudadanía salió de Bogotá y ha llegado a varias otras ciudades del país. De las protestas que vinieron algunos dicen que son el reflejo de no aguantar más una situación que para nada es nueva en nuestro país.
Laura Viera Abadía:¿Porque con el caso de Javier Ordóñez, la gente salió, que fue lo que indignó tanto a la sociedad?
Alejandro Lanz, organización Temblores:: Hay varios factores. Uno es como la sevicia y la letalidad de la violencia pública a través de esta arma taser. Digamos que 2 miembros de la fuerza pública se ensañan contra su cuerpo en el piso. Él está neutralizado y pide que no lo sigan electrocutando, hay otra persona que lo está grabando y parece no importarles. Toda esto generó una indignación muy grande sobre la gente pero también paso algo y es que este chico era un chico de estrato medio y eso también a la gente la movió entonces, el lugar donde se dieron los hechos y la características socioeconómica generó un impacto e indignación muy grande tanto por los medios de comunicación como por parte de la ciudadanía en general.
Laura Viera Abadía: ¿Que ha evidenciado este caso en particular?
Alejandro Lanz, organización Temblores: Ha evidenciado todo el problema estructural porque este es un caso en donde la policía intentó ocultar las pruebas, borrar los informes, y pese a estar siendo grabado no les importo.
Laura Viera Abadía: ¿Si tenemos las grabaciones y medicina legal dijo que murió a causa de golpes en la cabeza y la ruptura en el hígado, porque no hay una consecuencia legal? En colombia alguien se roba un pan y van a la cárcel. pero hay un video en el que matan a una persona, en el que está el informe de medicina legal, y más allá de la indignación, de lo que pasó en los cai, de que la gente salió, de todo este movimiento social, no hay consecuencias legales…. ¿Qué es lo que pasa?
Alejandro Lanz, organización Temblores: si claro, ese es uno de los problemas. este caso concreto, y que se logró por la presión mediática es que el caso no pasará a la justicia penal militar y se quedará en la ordinaria. y ese es uno de los problemas del sistema. porque los casos que son cometidos por parte de la fuerza pública y específicamente de la policía en su mayoría de las veces terminan siendo estudiados por una justicia penal militar que es una justicia adscrita al ministerio de defensa y cuyo jueces son nombrados por el ejecutivo y esto es parte del problema estructural porque no hay una diferencia entre la policía y las fuerzas armada.
Finales del 2019
Desde el 21 de noviembre de 2019, miles de colombianos han salido a las calles como parte del paro nacional para protestar por cuestiones que van desde propuestas de reforma tributaria hasta el asesinato de defensores de derechos humanos.
Es un problema sistemático que viene desde tiempo atrás y es un problema que afecta de manera diferenciada a ciertos grupos de la sociedad.
La mayoría de las protestas se desarrollaron de manera pacífica, pero algunos manifestantes cometieron actos de violencia, incluyendo agresiones con piedras a policías, saqueos y quema de bienes públicos y privados, sobre todo en Bogotá y Cali. En varios casos, la policía empleó la fuerza de manera excesiva contra los manifestantes, incluidos casos de golpizas y uso indebido de armas “menos letales” durante operaciones antidisturbios.
El 22 de enero, el fiscal Espitia señaló a Human Rights Watch que su institución estaba investigando 72 casos de posibles abusos perpetrados por policías durante las protestas. Sin embargo, nadie había sido imputado.
El Ministerio de Defensa indicó que el sistema de justicia penal militar estaba investigando 32 casos de posibles abusos relacionados con las protestas. Es necesario tener en cuenta que, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, los abusos atribuibles a agentes de seguridad deben ser investigados por la justicia penal ordinaria, no por la justicia penal militar.
Hay 11 homicidios que se presentaron en el país, principalmente a personas jóvenes que fueron asesinadas por la policía. Cinco de ellas fueron asesinadas como consecuencia de estas violando alguna medida sanitaria.
Algunos casos
Uno de los casos que más impresión genero ocurrió el 23 de noviembre de 2019 mientras Dilan Cruz de 17 años de edad protestaba. Él fue alcanzado por un proyectil de fabricación artesanal disparado por el capitán del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, Manuel Cubillos Rodriguez.
Dilan recibió un impacto en la cabeza con un arma tipo bean bag que es una bolsa que contiene múltiples perdigones. Dos días después, el joven estudiante falleció, desencadenando un fuerte rechazo de la ciudadanía ante el actuar policial.
De su muerte hay muchos testigos y fue captado en video, desde diferentes ángulos, y se desarrolló justo cuando el Esmad dispersaba las marchas que pretendían llegar al centro de Bogotá.
En las grabaciones se nota cómo Cruz corría junto a otros manifestantes para evitar las granadas aturdidoras y los gases lacrimógenos. También cómo recogió dos de ellas para lanzarlas de vuelta. Las imágenes muestran cómo un agente antidisturbios disparó directo a donde se encontraba el joven.
Cruz se desplomó en la calle 19 con carrera 4ª. El proyectil se incrustó en la parte posterior de su cabeza, dejándolo inconsciente. Desde entonces y tras su fallecimiento, Dilan Cruz se ha convertido en un símbolo de las protestas que se viven en todo el país desde el 21 de noviembre.
Para intentar cubrirse las espaldas, de alguna manera, se empezó a generar una campaña de desprestigio en la que comenzaron a circular en redes sociales distintas versiones acerca de Dilan, donde se lo señalaba de conductas inapropiadas. Sin embargo, tanto compañeros como profesores desmintieron dichas versiones.
Laura Viera Abadía: Tatiana, hablemos un poco sobre la situación de Dilan Cruz. ¿Qué ha pasado?
Tatiana Londoño: Las autoridades deben mirar a ver si en ese caso hubo Dolo o no. Hay una diferencia muy clara entre querer ocacionarle lesiones a alguien y causarle la muerte a un caso de control de manifestaciones que se han vuelto violentas, con armas que están permitidas, y que puede ser le haya ocasionado la muerte a cuando se buscaba controlar la manifestación. Eso es un tema que las autoridades deben mirar y estudiar. Mira si el agente del ESMAD que disparó quiso causarle la muerte y para eso le disparo o si quiso causarles lesiones graves más allá de los protocolos que ellos tienen establecidos para el uso de la fuerza, o si esos protocolos para el uso de la fuerza en manifestaciones violentas van un poco más allá y generan este tipo de riesgos de violacion de derechos humanos y que puede causar la muerte y que puede causar la muerte.
Laura Viera Abadía: Entonces, como se debería proceder jurídicamente?
Tatiana Londoño: Yo no creo que esa sea una investigación que se debe hacer a la ligera. Es un tema a fondo sobre el manejo que tiene la policía sobre las manifestaciones. Entonces, es un tema que tienen que mirar las autoridades. Yo no creo que en los meses que vamos, con la rapidez con la que avanza el sistema judicial colombiano, que todos quisiéramos que en un mes tuviéramos la decisión, desafortunadamente se tarda más. Mucho más en tiempo de pandemia que estuvieron suspendidos y cerrados los juzgados durante varios meses.
Laura Viera Abadía: Tatiana hay algo más que te gustaría agregar sobre el tema de impunidad?
Tatiana Londoño: Sí, que no haya ningún castigo no quiere decir que haya impunidad. Hay que recordar que el agente también tiene Derechos Humanos y el derecho a su debido proceso como lo tenemos todos.
Otro caso que conmocionó al país fue el del joven grafitero Felipe Becerra, asesinado el 17 de agosto de 2011.
Murió luego de recibir un disparo por la espalda que provino del arma de dotación del patrullero de la Policía Metropolitana de Bogotá Wilmer Antonio Alarcón, quien fue condenado a 37 años y seis meses de prisión y permanece prófugo de la justicia.
Diego Felipe, en ese momento tenía 16 años y estaba pintando grafitis en compañía de dos amigos en el noroccidente de Bogotá y fueron detectados por el uniformado de la Policía.
En el momento de su muerte algunos uniformados quisieron manchar su nombre al decir que era un supuesto atracador. Las investigaciones demostraron que el menor estaba simplemente pintando un grafiti y que fue atacado cuando estaba indefenso.
Laura Viera Abadía: ¿Hay impunidad en el caso de Felipe Becerra?
Tatiana Londoño: En el caso de Felipe Becerra, no hubo impunidad. Fue condenado a 37 años el patrullero de la policía que lo hizo. Y claro permanece prófugo de la justicia, que en ese tema yo no creo que estemos en la plataforma de abuso policial e impunidad en eso, sino más bien en el tema de que acá en Colombia y en muchos países una cosa es que se impartan condenas y otra es que si no se capturan las persona es un poco difícil. Entonces es un tema de funcionamiento de nuestro sistema judicial y de nuestro sistema policial de dar captura a las personas y de fortalecimiento de ese sistema.
Laura Viera Abadía: ¿te gustaría agregar algo sobre el tema de la impunidad?
Tatiana Londoño: Sí, que no haya ningún castigo no quiere decir que haya impunidad. Hay que recordar que el agente también tiene Derechos Humanos y el derecho a su debido proceso como lo tenemos todos.
El 14 de enero de 2020, la Procuraduría General de la Nación, un organismo independiente, pidió a la Policía Nacional que suspendiera el uso de escopetas calibre 12 que se emplearon cuando murió Cruz.
La Procuraduría indicó que los policías reciben escaso entrenamiento en el uso de esta arma, a menudo impartido por agentes que tampoco están capacitados para usarla.
En la mañana del 22 de noviembre, cuando Natalia Gema Racero de 20 años iba a trabajar no logró hacerlo por las manifestaciones ya que no había transporte y le tocó regresar a su casa. En el trayecto, vio que la policía disparaba cartuchos lacrimógenos a los manifestantes, por lo que se alejó corriendo junto con otras personas. Seis agentes la sujetaron y le dijeron que la detenían para su “protección”.
Los policías la llevaron adentro de una estación de Transmilenio, donde un agente le tocó los senos en dos ocasiones para ver si escondía algo. A continuación, agentes de policía la encerraron en una sala con otros detenidos.
Dos horas después, la subieron a una camioneta, según afirmó, le dieron golpes en la cabeza y la espalda con un bastón y le dijeron que cantara para que no le pegaran. La llevaron a la estación de policía de Kennedy, donde dos horas después, las autoridades la liberaron.
Laura Viera Abadía: ¿Qué ha pasado con los policías que han cometido abusos de fuerza, o homicidios contra personas en el país?
Alejandro Lanz, organización Temblores: Bueno, hemos visto que de los casos que hemos visto que dos bachilleres han sido retirados del cargo. El resto, las investigaciones se dan mientras ellos siguen siendo parte del cargo. Pero, los únicos dos que hemos logrado que sacaran del cargo, son los dos bachilleres que torturaron a un joven quemandole el pelo.
Laura Viera Abadía: Si yo vi eso y fue horrible! osea , me dio ganas de vomitar. es un asco ver cómo le queman el pelo. ¿Con qué derecho hacen eso? se creen intocables.
Alejandro Lanz, organización Temblores: Es terrible.
Laura Viera Abadía: Solamente los suspenden, ¿no los meten a la cárcel?
Alejandro Lanz, organización Temblores:Los suspenden mientras hacen la investigación activa sobre su comportamiento pero si han sido muy diligentes en suspender y retirar de los cargos a policías que no siguen la autoridad.
Laura Viera Abadía: Pero eso es absurdo
Alejandro Lanz, organización Temblores: Totalmente absurdo pero son muy diligentes en suspender cuando se rompe la cadena de mando, pero no vemos la misma eficiencia cuando un policía está implicado en hechos de violencia.
El 12 de mayo de 2018, un jóven afrodescendiente de Quibdó, Yeffer Antonio Berrio, murió. Él murió luego de ser requisado sin causa alguna. Durante la requisa, uno de los agentes decidio sacar su arma y dispararle.
Indignación social
El debate público sobre el uso excesivo de la fuerza ha tomado protagonismo desde la oleada de protestas contra el gobierno de Iván Duque que sacudieron el país a finales de 2019.
La protesta social por demasiados actos de abuso policial se ha visto frenada por un país que entró en cuarentena por el Covid 19, las denuncias de continuas agresiones policiales siguieron registrándose en todo el 2020.
Nadie puede olvidar cómo los policías atacaron a un vendedor informal de la tercera edad. También cuando varias mujeres trans denunciaron que en la madrugada del 20 de Junio en Bogotá, agentes las golpearon y dispararon con balines.
En julio de 2020 se difundió un video en el que un hombre en piso con la cara cubierta de sangre mientras que auxiliares de la policía intentaron prenderle fuego.
Obviamente, la indignacion social entre todos es de esperarse. Tengamos en cuenta que desde en 2017 hasta el 2019, el Instituto de Medicina Legal registró 639 homicidios cometidos por agenets de la fuerza pública en Colombia. De estas cifras es posible determinar que presuntamente 328 casos fueron cometidos por las fuerzas militares, 289 por la policía y 22 por los servicios de inteligencia.
El departamento que presentó un mayor número de homicidios entre 2017 hasta 2019 fue Antioquia. Le siuen los departamentos de Atlántico y Bolivar. Bogotá se encuentra en el cuarto lugar de cantidad de asesinatos.
Derecho Internacional, regional y Human Rights Watch
Conforme a las normas del derecho internacional y regional, los casos de violaciones de derechos humanos no deben ser juzgados por tribunales militares. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que “la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que no corresponde juzgar violaciones de derechos humanos en jurisdicciones militares porque “cuando el Estado permite que las investigaciones las dirijan los órganos potencialmente implicados, la independencia y la imparcialidad se ven claramente comprometidas”.
Human Rights Watch, organismo internacional dedicado a la protección de los derechos humanos alrededor del mundo ha sido clave en desenmascarar y evidenciar esta problemática en Colombia.
Para lograr esto, entre noviembre de 2019 y febrero de 2020, Human Rights Watch entrevistó a víctimas de abusos, familiares, abogados de derechos humanos y funcionarios gubernamentales; revisó informes médicos y denuncias penales.
El organismo, Human Rights Watch, ha evidenciado varios documentos en los cuales se establece que a fines de 2019 múltiples abusos en contra de manifestantes mayormente pacíficos que participaron en protestas a nivel nacional. Sin embargo, los avances en las investigaciones contra estos funcionarios han sido muy limitados.
Laura Viera Abadía: Tatiana, ¿cómo funciona el sistema penal militar?
Tatiana Londoño: La justicia penal militar está hecha para juzgar los casos de abusos y de crímenes cometidos por los miembros de la fuerza pública, tanto fuerzas militares como policías, en ejercicio de sus cargos.
Laura Viera Abadía: Ok, pero entonces… ¿qué ha pasado exactamente ?
Tatiana Londoño: Para mí no hay ninguna duda que los policías que abusaron de su fuerza en manifestaciones o en casos como el de ordonnez, estaban en ejercicio de sus cargos. Ellos no estaban afuera en la calle tomándose un trago y se pelearon con alguien en un bar. Ellos estaban cumpliendo su función como policías y ahí se excedieron luego eso es competencia de la policía penal militar. La justicia penal militar por varias razones históricas, los jueces penales están en la cadena de mando. Es decir, sus superiores, siguen activos y pues no les pueden dar órdenes sobre los procesos estrictamente pero sí los pueden castigar con traslados a sitios menos favorables, etc. Entonces, la justicia penal militar, se ha conocido por no ser muy eficiente. por eso se ha buscado a través de unos argumentos, que a mi me parece que nos son válidos, llevar este tipo de procesos, políticamente significativos a la justicia ordinaria.
Laura Viera Abadía: Tatiana, pero ¿por qué consideras que no deberían ir a la justicia ordinaria?
Tatiana Londoño: Los jueces ordinarios normalmente no tienen un buen manejo de los protocolos que rigen la actuación de las fuerzas militares y fuerza pública. por eso sería ideal que fuera la justicia penal militar eficiente y efectiva que conociera de estos procesos porque son los que saben muy bien cual es el protocolo en una protesta, o cual es el Derecho internacional Humanitario, como se lleva a cabo una operación militar. Eso no lo saben muchas veces los jueces ordinarios y se puede prestar para casos de injusticia pero por su gran ineficacia histórica se han llevado estos casos a la justicia ordinaria.
Pero, seamos lo más claro posibles, porque cuando estamos tratando de exponer una problemática tan delicada como el abuso policial merecemos la mayor cantidad de información posible.
Desde el 21 de noviembre de 2019, miles de colombianos salieron a las calles como parte de un paro nacional para protestar por cuestiones que van desde propuestas de reforma tributaria hasta el asesinato de defensores de derechos humanos.
Cabe decir que en general las protestas se desarrollaron de manera pacífica, algunos manifestantes cometieron actos de violencia, incluyendo agresiones con piedras a policías, saqueos y quema de bienes públicos y privados, sobre todo en Bogotá y Cali. Y, en varias oportunidades, la policía empleó la fuerza de manera excesiva contra los manifestantes, incluidos casos de golpizas y uso indebido de armas “menos letales” durante operaciones antidisturbios.
El 28 de abril, miles de personas salieron a las calles en decenas de ciudades de Colombia en protesta contra un proyecto de reforma tributaria. El gobierno retiró la propuesta algunos días después, pero las manifestaciones continuaron por motivos que incluyen la desigualdad económica, la violencia policial, el desempleo y la falta de servicios públicos adecuados.
En reiteradas ocasiones los policías han dispersado manifestaciones pacíficas de manera arbitraria y empleado la fuerza de forma excesiva, y a menudo brutal, incluso mediante el uso de municiones letales.
Human Rights Watch ha logrado confirmar que 34 muertes ocurrieron en el contexto de las protestas, incluidas las de dos policías, un investigador judicial y 31 manifestantes o transeúntes, de los cuales al menos 20 parecen haber muerto a manos de policías. Personas armadas vestidas de civil también han atacado a manifestantes y han causado la muerte de por lo menos cinco de ellos.
Entre los heridos hay periodistas y defensores de derechos humanos que estaban cubriendo las protestas. Muchos de ellos estaban usando chalecos que los identificaban como miembros de la prensa o de organizaciones de derechos humanos.
Human Rights Watch obtuvo evidencias creíbles que indican que la policía mató al menos a 16 manifestantes o transeúntes con municiones letales disparadas con armas de fuego. En la gran mayoría de estos casos, las víctimas tenían heridas de bala en órganos vitales, como el tórax o la cabeza, lo cual, según aseguraron autoridades judiciales a Human Rights Watch, es consistente con que hayan sido causadas con la intención de matar.
Según datos del Ministerio de Defensa, más de 1.100 manifestantes y transeúntes han sufrido lesiones desde el 28 de abril, aunque es probable que la cifra total sea mayor, dado que muchos casos no se han denunciado ante las autoridades.
El 14 de mayo, la Defensoría del Pueblo reportó que había recibido quejas en contra de miembros de la Policía por 2 casos de violación sexual, 14 casos de agresión sexual y otros 71 casos de violencia basada en género, incluyendo bofetadas y abuso verbal.
Así mismo, Human Rights Watch también documentó 17 golpizas violentas cometidas por la policía, en muchos casos con bastones. Una víctima, Elvis Vivas, de 24 años, murió en un hospital después de recibir una golpiza brutal por parte de policías.
Se ha informado que al menos 419 personas han desaparecido durante las protestas. El 4 de junio de 2021, la Fiscalía indicó que había localizado a 304 de esas personas. En algunos casos, quienes las reportaron como desaparecidas no sabían que estas personas habían sido detenidas.
Uso indebido de armas
Un factor a tener en cuenta es el uso de las armas. Según los estándares internacionales de derechos humanos, el uso de armas letales para dispersar reuniones o manifestaciones es siempre ilícito. Así mismo, las armas letales solo pueden emplearse cuando resulte estrictamente necesario para abordar un riesgo inminente para la vida o la integridad física.
Conforme al derecho colombiano, la policía puede usar armas de fuego en defensa propia o para proteger a personas de un “peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida”.
Hay que dejar en claro que tanto la Policía regular como el ESMAD le indicaron a HRW que ellos no han usado armas letales durante las manifestaciones.
Sin embargo, dicha organización de derechos humanos corroboró varios videos en los que se ve a policías disparando armas de fuego en el contexto de las manifestaciones, en circunstancias en las cuales no parecía haber un riesgo para la vida o la integridad física de una persona.
Se supone que los cartuchos de gases lacrimógenos deben ser disparados al cielo, a fin de reducir la velocidad de la trayectoria de los proyectiles, que son pesados, para que luego de un arco descendente caigan en el suelo.
La policía utilizó gases lacrimógenos en varias oportunidades contra manifestantes pacíficos.
Asimismo, la policía parece haber disparado gases lacrimógenos con armas antidisturbios de forma imprudente y peligrosa en varias ocasiones.
La policía también usó un sistema de lanzamiento de proyectiles múltiples, conocido como Venom, que permite disparar hasta 30 cartuchos de gas lacrimógeno, humo o aturdidoras por vez.
En un incidente sucedido el 30 de abril, la policía intentaba dispersar a los manifestantes que bloquearon una de las principales vías de Cali. Un video registra el momento en que un oficial se acerca a un manifestante con un escudo.
El policía patea a la persona y luego lanza lo que parece ser una lata de gas o algún otro tipo de munición “menos letal”, directamente a quemarropa.
Desde una distancia corta, cualquier munición de este tipo puede causar daños serios o matar. Según reportes, ese mismo día otro manifestante murió al ser alcanzado por una lata de gas lacrimógeno, a pocos metros de distancia.
En otro caso sucedido el 18 de mayo en Bogotá, puede verse a oficiales del Esmad lanzando gas lacrimógeno contra los paramédicos voluntarios que asistían a un manifestante herido.
Ataques a detenidos
Los hechos de violencia policial abarcan desde golpear con cachiporra a manifestantes que ya se encuentran en custodia hasta dispararle en la cabeza a un estudiante de 17 años que corría, con consecuencias fatales.
En varios videos, puede verse a oficiales de policía que golpean y patean a personas que están en custodia y no parecen representar una amenaza.
El 1 de mayo, a tres días de iniciado el paro, la policía dispersó a un grupo de personas en la ciudad de Pereira, al occidente del país.
El video deja en evidencia el momento en el que los manifestantes huyen. Dos de ellos intentan esconderse, pero los oficiales los ubican rápidamente. El oficial también parece burlarse de los manifestantes al alzar el puño al aire y repetir una consigna popular en las protestas. Dicho agente luego golpea a uno de los manifestantes contra un escaparate que se rompe.
Entre las decenas de personas que se han registrado como fallecidas desde finales de abril, el gobierno dijo que al menos 17 manifestantes habían muerto en conexión directa con las protestas y la respuesta policial.
Obviamente, estos casos no siempre quedan registrados en video, lo cual hace que los hechos ocurridos sean difíciles de demostrar y establecer el papel exacto que juegan los oficiales en estas muertes.
Pero el caso de Marcelo Agredo Inchima, un estudiante de secundaria de 17 años acaecido el 28 de abril, es más claro: un oficial de policía le disparó en la cabeza mientras corría. Se ve el momento en el que Agredo Inchima patea a un policía que está a bordo de una moto. Al huir y dejar de ser una amenaza, el oficial descarga al menos tres tiros, uno de los cuales alcanza a Agredo Inchima, quien se desploma.
Abusando el poder de la fuerza
La policía es el recurso preferido del gobierno para lograr muchos objetivos.
El pasado jueves 24 de septiembre, la vida les cambió a dos familias en el sur del país. En un retén en la vía hacia la vereda Guatemala, en Miranda (Cauca) un disparo efectuado con una de las armas de dotación de un soldado del Ejército Nacional, terminó en la cabeza de Juliana Giraldo, que murió al instante en el lugar.
Juliana Giraldo, era una mujer trans de 36 años, era una estilista. Vivía en Miranda desde hace dos años con su novio, Francisco Larrañaga.
Pero, ¿qué fue lo que ocurrió exactamente?
Juliana Giraldo y su novio Francisco Larrañaga decidieron viajar al vecino municipio de Corinto, a solo 15 minutos, en compañía de dos personas más para realizar algunas compras.
Larrañaga contó que manejaba por la vereda Guatemala cuando vio a unos miembros del Ejército y notó que había olvidado los papeles de su vehículo, un Mazda 626 color blanco. entonces, prefirió girar hacia la casa para evitarlos.
Justo cuando hacía la maniobra, dos soldados aparecieron del monte, uno de ellos disparó contra el carro blanco en el cual viajaban.
“Mataron a Juliana, ese man (un militar) le pegó un tiro en la cabeza. Ayúdenme, por favor”.- Francisco Larrañaga –
Lo que se vivió después de los hechos fue sumamente doloroso. Larrañaga corría de un lado al otro mientras Juliana estaba desgonzada en el asiento de copiloto del vehículo.
Esta muerte, cuya responsabilidad asumió el Ejército, fue condenada por el presidente Iván Duque, quien ordenó celeridad en la investigación de los hechos. Además de la pérdida de Juliana, la cual la familia considera inexplicable, varios asuntos sobre el procedimiento fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía.
Según el ejército estaban haciendo un reten, un puesto de control. Pero, no había señalizaciones por parte del Ejército para identificar el supuesto puesto de control.
Y, la verdad es que cuando se realizan estos procedimientos, el puesto de control siempre debe estar señalizado con vallas, con al menos 10 hombres al frente y una persona al mando. Además, el primer paso es identificarse y por “ningún motivo disparar”.
Pero, el soldado ha asegurado que el disparo a las llantas del vehículo tras ver que no se quisieron detener.
El caso pone sobre la mesa, nuevamente, los criticados excesos de la fuerza pública en algunos de sus procedimientos.
La Policía colombiana depende del Ministerio de Defensa y con frecuencia ha sido desplegada para combatir a grupos armados junto con las Fuerzas Armadas, lo cual ha hecho que no exista una separación clara sobre las diferentes funciones de estas dos fuerzas.
En situaciones de conflicto armado, el uso de la fuerza se rige por el derecho internacional humanitario, y las reglas son muy distintas a las de contextos civiles, tales como en protestas.
Asimismo, los policías implicados en abusos a menudo son juzgados en tribunales militares, donde hay pocas probabilidades de que los agentes respondan por esos abusos dada su tradicional opacidad y falta de independencia.
Colombia necesita una Policía de carácter civil que esté entrenada para responder a las manifestaciones de una manera respetuosa de los derechos humanos, y cuyos miembros rindan cuentas por los abusos cometidos.
Laura Viera Abadía: En los casos de abuso policial en contra de personas LGBTI se tiene cosas diferentes en el Derecho Internacional?
Tatiana Londoño: Uno de los postulados esenciales es el caso de que solo la policía, y nadie más. puede discriminar a estas personas y atentar en contra de ellas por ser LGBTI. Este es uno de los temas en cuanto a Derecho Internacional en los tratados internacionales disponen que no se puede discriminar a nadie por su orientación sexual. Entonces, si por ejemplo, la policía está haciendo redadas o uso excesivo de la fuerza en contra de personas de la población LGBTI claramente esto tiene que estar sancionado como una falta disciplinaria gravísima y por supuesto también puede tener implicaciones penales.
Laura Viera Abadía: Tatiana, ¿qué necesitamos para que la justicia penal militar realmente funcione en nuestro país?
Tatiana Londoño: Yo creo que a la justicia penal militar deben hacerle varias reformas de fondo para que se vuelva una justicia que funcione. si no, se van a seguir llevando los casos con el argumento de que si cometi un crimen no estaba en ejercicio se va a la justicia ordinaria. Ese es el argumento de Human Rights Watch y de otras plataformas que han argumentado esto y ese argumento la ha comprado la corte suprema de justicia y por eso se ha llevado muchos casos a la justicia ordinaria.
Laura Viera Abadía: Tatiana, en términos internacionales.. ¿puede la Corte Internacional intervenir o como se castigan los abusos de Derechos Humanos?
Tatiana Londoño: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solamente puede intervenir cuando ya se han agotado todas las instancias internas.
Laura Viera Abadía: Me podrías explicar ¿qué quiere decir eso?
Tatiana Londoño: Osea, cuando sí hubo impunidad flagrante, cuando la justicia interna no hizo nada así en ese momento, las familias podrían ir ante la comisión pero no para castigar a los autores. Eso no es competencia de la CIDH. La CIDH solamente mira la responsabilidad del Estado en cuanto al respeto de la comisión interamericana de derechos humanos. Entonces, las familias pueden pedir que la CIDH sanciona al Estado por estas violaciones de derechos humanos, una de las cuales es la impunidad, el no acceso a la justicia o no acceso pronto a una decisión judicial.
Concluyendo por el momento
Durante las décadas del conflicto de Colombia con grupos rebeldes violentos, la policía nacional luchó a menudo en primera línea, con tanques y helicópteros para combatir guerrilleros y destruir laboratorios de drogas.
Fue una fuerza hecha para la guerra, una que ahora ha encontrado un nuevo frente, en las calles de las ciudades colombianas, donde la policía ha sido acusada de tratar a los manifestantes civiles como enemigos del campo de batalla.
Laura Viera Abadía: Tatiana, ¿qué debemos hacer para cambiar estos abusos, este comportamiento?
Tatiana Londoño: Lo que te dije, el uso de las redes para denunciar el abuso es un tema muy valioso. también porque en la procuraduría que los policías tuvieran una cámara porque ellos hay veces los video solo graban la parte en la cual el policía está reaccionando y no cuando lo están golpeando desde antes. Entonces que los agentes tengan un video que grabe la totalidad de la operación para que los jueces puedan mirar cuando sí hubo un caso de abuso de la fuerza pero no usarlos como herramienta política que muchas veces se hace.
Hay un grito colectivo de indignación por las acciones de la policía nacional del país. Duele decirlo, escribirlo y admitirlo pero oficiales de la policia, del ejercito y del ESMAD han golpeado, detenido y matado a personas en distintos momentos del país.
No podemos olvidar que todos nacemos libres y iguales en cuanto a derechos y dignidad. Por esto mismo, nos deberiamos tener empatia y usar el razonamiento antes de actuar. el hecho de estar en una posición que nos da “poder” o “autoridad” no excusa que acabemos con alguien más.
Muchos han cometido abusos gravísimos en contra de personas. El gobierno Colombiano debería tomar medidas urgentes para proteger los derechos humanos e iniciar una reforma policial profunda para garantizar que los agentes respeten el derecho de reunión pacífica y los responsables de abusos sean llevados ante la justicia. No nos están protegiendo, nos están matando.
